Tenemos los Españoles un serio problema en todo lo referente a la representatividad pública de unos políticos, que si bien son elegidos democráticamente, se arrogan para sí un derecho que de ninguna forma les es dado en propiedad; el aval ciudadano.

Muchas veces habrán ustedes escuchado decir a los políticos, de cualquier color o familia, que sus acciones están avaladas por once, o nueve, o diez millones de votos. Todas esas veces los susodichos mienten descaradamente a sus interlocutores porque arrogan un poder a la papeleta del voto que sólo la democracia directa le podría otorgar. Un ejemplo claro es el que la actualidad nos brinda esta semana a cuenta de la reforma de la Constitución en su artículo 135.

Los políticos deberían aprender que el votante ejerce su derecho de acuerdo con unas ideas que el tránsito de los hechos puede variar y que exige de ellos al menos la cortesía de una consulta que les devuelva el aval momentáneo que recibieron el día de las elecciones.

Es cierto que para mi esta ley es necesaria, pero me disgusta, como dije ayer, que un partido de izquierdas tome decisiones netamente de derechas mientras mantiene la falacia de que sus actos están sostenidos por un aval que a todas luces hace ya más de un año que pereció en la tribuna del Congreso de los Diputados.

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