ElMosquitero

Cuando un gobierno decide militarizar un sector civil, debería hacerlo a sabiendas de que esa decisión comporta consigo un delicado y espinoso rosario de decisiones que muchas veces pueden llegar a entrar en contradicción con las finalidades que se perseguían y que pueden llegar a poner de relieve la verdadera realidad que dicha decisión supone, no sólo para el sector militarizado, sino también para el lugar en el que este lleva a cabo sus funciones y que de forma automática va a perder su carácter eminentemente civil, para pasar a ser un centro militar en su más estricto sentido de la palabra.

Un ejemplo de esto es el informe que el General José Luis Poyato, asesor jurídico del Ministerio de Defensa, ha remitido a AENA (empresa pública para la que trabajan los controladores) y que aclara que los controladores aéreos sí pueden negociar su convenio colectivo aún estado militarizados.

Pero hete aquí que de entre todo lo que se dice en este informe del General Poyato, hay una afirmación que parecen pasar por alto todos y cada uno de los medios de comunicación que se han hecho eco de esta noticia y que en sí misma nos debería ofrecer a todos una imagen bastante más fidedigna de la situación de las torres de control en estos momentos de la que tenemos ahora.

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) ha recibido un informe del general togado José Luis Poyato, asesor jurídico del Ministerio de Defensa, en el que se expresa esta posibilidad siempre y cuando la negociación se produzca fuera de las torres de control e instalaciones intervenidas como consecuencia de estado de alarma decretado por el Gobierno. Otro informe de la Abogacía del Estado confirma esta cuestión.

Y esa afirmación es aquella en la que se refiere a los lugares en los que no pueden los controladores negociar su convenio con el Gobierno y que no es otro lugar que en las torres de control o instalaciones intervenidas por el ejército a causa del Estado de Alarma decretado por el Gobierno y apoyado por el resto de partidos, con abstinencias o sin ellas, en el Congreso de los Diputados.

Y es esa afirmación, o mejor dicho lo que la susodicha lleva implícito en ella misma, lo que a todos nos debería poner los pelos como escarpias y removernos el estómago.

Las Torres de control ya no son instalaciones civiles, tampoco el resto de instalaciones civiles que permanecen intervenidas a causa del Estado de Alarma, ya que en mor del Decreto del Estado de Alarma, ahora son instalaciones militares a todos los efectos. El Estado de Alarma como tal no se aplica tan solo a los civiles que trabajan en las torres de control, sino que afecta también a las instalaciones en las que éstos efectúan su trabajo y por ende a todo el espacio aéreo Español.

Y que haya dos informes jurídicos (uno militar y otro civil) que digan que efectivamente el Estado de Alarma no se refiere únicamente a los individuos en sí, sino que afecta también a instalaciones civiles, nos debería alejar del engaño que supone la creencia de que el susodicho estado de alarma afecta únicamente a los controladores, porque lo que entre líneas allí se lee es algo totalmente diferente a lo que los políticos nos han vendido durante estas dos últimas semanas.

Cuando nos han dicho que este decreto afectaba sólo a los controladores, los políticos no han hecho otra cosa que mentir, engañar y torear a una ciudadanía que se ha volcado visceralmente contra un colectivo que sí, erró al hacer aquella huelga salvaje, pero que han acabado sufriendo un castigo mucho mayor del que se les debería haber impuesto.

Piénsenlo bien antes de aceptar de buena gana esta militarización.

El propio ejército pone las trabas burocráticas que puede para que unos civiles (temporalmente militarizados) defiendan su convenio colectivo. El propio ejército, amparándose en ese decreto de Alarma, se apropia de unas instalaciones civiles a sabiendas de que esa decisión es eminentemente temporal y se arroga el derecho a limitar las libertades de los trabajadores civiles que hay en ellas en virtud de un Código Militar que éstas no exigieron sino que les fue impuesto.

Para el ejército ahora mismo los controladores son militares a todos los efectos cuando trabajan, pero lo que nos debería preocupar es que sabiendo que esta situación es temporal, ese mismo ejército hace suyas unas instalaciones civiles y las dota de un carácter militar tal, que a todos los efectos los convenios civiles que ahora mismo las afectan carecen de valor no sólo para sus trabajadores, sino para todo Dios que por allí se presente.

Y ese es el punto sobre el que nadie pone el acento y que a mi tanto me preocupa.